• Daniel Jimenez

Dinero criminal



ADVERTENCIA PREVIA

Hace quince años escribí este artículo como material de estudio, bajo la óptica del análisis económico del derecho, para mis alumnos de posgrado. Recientemente, lo recordé leyendo “El país que me tocó” de Enrique Santos Calderón (Random House, 2018), pues allí encontré la siguiente frase suya: “Termina uno pensando que solo cuando en los laboratorios de Estados Unidos o Europa se inventen una cocaína sintética nos liberaremos del cultivo que tantos males ha traído”.


EL FRACASO DEL DERECHO PENAL

El presidente norteamericano, Ronald Reagan, declaró el 17 de mayo de 1988 la guerra contra el narcotráfico. Al hacerlo, sugirió la utilización de las fuerzas armadas y el control estricto de las fronteras y se mostró partidario de aplicar la pena de muerte para delitos graves relacionados con los estupefacientes [2].


En la actualidad las incautaciones policiales de los cargamentos generan un efecto económico: no tienen capacidad para disminuir la demanda y, por consiguiente, al disminuir la oferta, aumentan el precio del narcótico y por ende las ganancias ilícitas.

La banda criminal denominada Clan del Golfo con más de 2.000 integrantes, el ELN con 1600, la disidencia de las Farc con 1400 y los cárteles mexicanos [3] con cerca de 10004 , para citar apenas las estructuras más representativas, cuentan principalmente con los ingresos de narcotráfico para esclavizar a los pobladores de las regiones bajo su dominio, expandir las áreas de cultivo a su gusto, asegurarse el pago de pertrechos y remunerar a los sicarios que mantienen encendida la espiral de violencia terrorista en la que más cómodamente hacen sus negocios.


Y, sin embargo, las capturas, condenas y extradiciones no están en capacidad de generar el desmoronamiento de estas organizaciones, ni aun cuando tienen por objeto a sus capos, sino que generan reacomodos en la cúpula y redistribución de territorios, por lo general precedidos de sangrientas vendettas.


EL APORTE DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO Mientras las sociedades se desgastan inútilmente expidiendo leyes penales, el narcodelincuente hace uso de las reglas del comercio y de la economía en su beneficio: con nuevas variedades de coca más robustas y con contenido más alto de alcaloide, renuevan las plantaciones en zonas libres de plagas. Esto representa el inicio de una nueva y más eficiente fase del negocio ilícito [5]. También ha encontrado la manera de obtener mayor cantidad de cocaína de buena calidad, con menores cantidades de hoja y sustituye los químicos controlados por otros del libre mercado [6].

Por lo tanto, es necesario reconocer que este problema antes que penal es económico y por consiguiente debe ser enfrentado primordialmente no con normas penales, sino con las herramientas de la economía.

Entonces, en vez de la represión penal lo que procede es aprovechar las ventajas propias de la economía transparente, esto es, el mercado libre, competencia masiva, demanda abierta, libertad de precios, estímulos gubernamentales, exención de tributos, tecnología de última generación, calificación de la mano de obra y fronteras abiertas, pero también otras ventajas menos deseables en un mercado regular: competencia desleal, venta por debajo del precio de costo, monopolio, dumping, imitación autorizada del producto, invasión del mercado. Hasta la compra garantizada de cosechas de productos agrícolas legales, a precio de coca, durante diez años, con apoyo financiero internacional, para desestimular el cultivo con propósitos criminales.


RECHAZO A LA LEGALIZACIÓN DE LA PRODUCCION Parecerá obvio que toda la reflexión precedente conduzca a acoger la tesis de la legalización de la siembra de la hoja de coca y la producción de cocaína, de su tráfico internacional y de su consumo universal, la cual tiene adeptos cada vez más serios y numerosos [7].

Sin embargo, es necesario tener presente que el principal argumento en contra de la legalización radica en que una vez la actividad se declara o reconoce como lícita, deja de ser delito. La despenalización de la conducta obra con carácter inmediato y general. Todo aquel que esté en la cárcel por haber incurrido en ese comportamiento en el pasado, debe ser liberado y nadie puede ser perseguido por esto en el futuro. Los procesos judiciales terminan y los expedientes se archivan, para beneplácito de los narcoterroristas locales.


EL MERCADO ALTERNO

De la evaluación de todas las variadas propuestas expuestas atrás, surge con nitidez una alternativa hasta ahora no suficientemente explorada, que serviría para acabar con la demanda universal de la hoja de coca sembrada particularmente en Colombia.

Lo que se propone es priorizar sobre la represión penal otras medidas más eficaces. Para tal efecto, se deberá fabricar un sustituto químico de la cocaína, sintético, más barato y fácil de producir, de mejor calidad, sin componente vegetal, que no sea adictivo, ni físicamente dañino. Que inunde el mercado a precio irrisorio, que sea legal y cuente con el patrocinio de todos los Estados. Su producción y distribución estaría a cargo de laboratorios farmacéuticos industriales legales, y sería pagada con los 35 mil millones de dólares por año que actualmente se gastan inútilmente en represión.


Si desea ampliar su visión de este tema, le invito a descargar el artículo completo en este enlace

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[1] Tomé como título uno similar al de la conferencia dictada acerca de las repercusiones del 11S por Kenneth W. Dam, Subsecretario del Tesoro, en el Woodrow Wilson International Center en Washington, el 22 de octubre de 2001: “Money that Kills”. Versión en español del Treasury News Office of Public Affairs.

[2] Diario El País edición impresa del viernes 20 de mayo de 1988. Paginas 7 y 9. Madrid.

[3] Como los de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas. https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/presencia-de-carteles-mexicanos-en-colombia-es-un-problema-de-seguridad-nacional-284974

[4] Recientemente denominados respectivamente como Grupos Armados al Margen de la Ley – GAML y Estructuras de Crimen Organizado – ECO. Ver Resolución No. 3080 del 18 de abril de 2016 del Ministerio de Defensa Nacional, por la cual se adopta la Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico del Sector Defensa.

[5] Palabras de Bernardo Pérez Salazar en “Erradicación con distensión”. CON – texto. Revista del Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia. No. 8. agosto de 2000. Página 26.

[6] “Victoria Pírrica”, en semana, marzo 24 de 2003, página 53.

[7] “Legalización: Se calienta el debate”. Revista Semana No. 1005 agosto 6 de 2001. Página 41, basado en “The case for legalising drugs”. The Economist. Julio 28 de 2001.

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