CONSULTOR
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS  y 
CORRUPCIÓN

El artículo analiza si los propietarios de locales arrendados a Fast Moda S.A.S. —operadora de Lili Pink y Yoi— enfrentan riesgo de extinción de dominio tras la intervención de la SAE. Explica por qué el inicio del proceso no elimina la presunción de buena fe, cuándo podría existir riesgo jurídico real y por qué la terminación unilateral de los contratos o las vías de hecho pueden generar nuevas consecuencias legales para arrendadores y operadores de centros comerciales.

Análisis jurídico sobre las implicaciones del congelamiento de activos de ciudadanos colombianos incluidos en listas de sanciones de la ONU. El artículo examina el alcance de la Resolución 1591, la Recomendación 6 del GAFI y la normativa colombiana, concluyendo que bancos y empresas no están facultados legalmente para congelar fondos sin orden judicial o medida cautelar emitida por autoridad competente.

Los oficiales de cumplimiento están obligados a reportar la información sobre los beneficiarios finales a sus contrapartes; sin embargo, puede existir un riesgo penal, dado que en Colombia la información relacionada con la condición de accionista está sometida a reserva legal.

El Consejo de Estado ordenó al DAPRE, en coordinación con las superintendencias, reglamentar los lineamientos mínimos de los Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) en un decreto. Varias entidades se adelantaron a expedir sus circulares y deberán ajustar sus normas una vez salga el decreto. El objetivo es unificar criterios y fortalecer la ética empresarial en Colombia.

Conoce los aciertos y desaciertos del proyecto decreto del PTEE sobre las ESAL.