La crisis de Ueno Bank: qué revela sobre los riesgos financieros y la supervisión bancaria
¿Cuáles fueron las causas que llevaron al supervisor bancario paraguayo a la intervención de Ueno Bank? Este caso revela la importancia del control sobre el índice de solvencia con miras a prevenir riesgos financieros, y la conveniencia de contar con un seguro institucional de depósitos para atender el eventual siniestro.
En este artículo encontrará un análisis concreto e ilustrado sobre la crisis de Ueno Bank, que le permitirá identificar señales de alerta útiles para la administración de riesgos en desarrollo de su gestión.
El 3 de noviembre de 2026, el Banco Central de Paraguay ordenó el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank. La causal fue que el índice de solvencia se encontraba por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido. En Colombia, de manera similar, la Superintendencia Financiera debe tomar posesión de una entidad vigilada “Cuando se haya reducido su patrimonio técnico por debajo del cuarenta por ciento (40 %) del nivel mínimo previsto”. Esto conforme a lo señalado en el Artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Que el porcentaje sea más bajo en Colombia se explica por tres razones: el sistema financiero es de una dimensión mayor, más diverso e históricamente más sólido que el paraguayo.
Es importante retomar algunas circunstancias relevantes encontradas en documentos oficiales e informes de prensa. El 22 de noviembre de 2023, recién posesionado el presidente de la República, Santiago Peña Palacios, el presidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo, autorizó la transformación de la Financiera Ueno en banco, Carvallo había presidido esta financiera hasta agosto de 2023. Además, Peña Palacios, su superior jerárquico, había sido accionista de Ueno Holding.
Y gracias a esta transformación, Ueno Bank, de un día para otro, quedó con casi tres millones de clientes, más del 50 % de los habitantes de Paraguay. Entre ellos, 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social, cuyas pensiones, valoradas en 355 millones de dólares, quedaron congeladas con el inicio del procedimiento de resolución.
El índice de solvencia
El índice de solvencia, en palabras sencillas, mide la capacidad que tiene el capital propio del banco, es decir, los recursos aportados por sus accionistas, para respaldar los riesgos financieros asumidos por la entidad durante su operación.
Cuanto más alto es el monto de los créditos colocados, menor será el índice de solvencia. En consecuencia, debe haber un equilibrio entre el capital propio del banco y el monto de los créditos colocados.
Recuérdese que la función principal de un banco es prestar dinero ajeno; es decir, de los depositantes, quienes esperan que sus ahorros retornen oportunamente y valorizados por la tasa de interés. Y en el caso extraordinario de que no retornen oportunamente o pierdan valor, que el capital propio del banco les responda.
Entonces, si el volumen de clientes llega a ser inusual (tres millones de un día para otro, que representan más del 50 % de los habitantes del país); además, si a un porcentaje relevante de esos clientes se les conceden créditos por altos montos que superan su capacidad de pago, y todo esto conlleva a que se desborde el porcentaje de préstamos en mora, se creará la tormenta perfecta.
Que las condiciones de los créditos superen la capacidad de pago de los deudores puede obedecer a varios factores: que las reglas de colocación sean laxas o que, siendo robustas, no se cumplan. Esto último puede obedecer a la desidia, al deseo de favorecer a familiares o allegados o también al interés oculto de apropiarse de los recursos por parte del administrador.
En casos como estos, una administración diligente tiene varias acciones a la mano: solicitarles a sus accionistas que aumenten su aporte de capital; disminuir costos y gastos; suspender el pago de dividendos; restringir las colocaciones o hacer más rigurosas las exigencias de desembolso; fortalecer el cobro de cartera; enajenar activos, sancionar a empleados laxos y, cómo no, poner la cartera en manos de expertos menos osados.
Si en lugar de lo anterior, un cuerpo directivo desesperado toma decisiones equivocadas como crear deudores ficticios, otorgar créditos sin control y mover recursos aparentemente colocados para simular que los deudores han pagado sus obligaciones, estas acciones, en lugar de alejar una crisis, la atraen.
Y si frente a ese panorama se espera que ocurran acontecimientos que permitan superar la crisis, como la llegada de un nuevo inversionista, la enajenación de un activo valioso o la recepción de un auxilio estatal, que nunca se dan o se desperdician, la situación financiera tenderá a empeorar hasta que termine por romperse el eslabón.
En el caso de la crisis de la comisionista de bolsa Interbolsa en Colombia, se compraban masivamente acciones de la textilera Fabricato con recursos propios e incluso recursos de los clientes, sin contar con su autorización. Al mismo tiempo, se inflaba el precio de las acciones mediante compras consecutivas simuladas desde cuentas controladas, que generaban la impresión de una alta demanda y liquidez.
Mientras ocurrían estas operaciones, se intentaba, cada vez con mayor desespero, vender la textilera a inversionistas del exterior. Esa era la salida que se esperaba para recuperar los recursos comprometidos. Para atraer compradores, se hacía énfasis en el valor de sus terrenos y de su planta termoeléctrica, a pesar de que las ventas de sus textiles generaban pérdidas, principalmente por la competencia desleal del contrabando asiático y por su gigantesco pasivo pensional.
Sin embargo, la venta de la textilera nunca compensó el compromiso de los recursos propios y ajenos. Finalmente, las acciones acumuladas dejaron ver su valor real y, sumado a los reclamos de los clientes, esto desvalorizó el capital de la comisionista y generó tal aprieto de liquidez, que el primero de noviembre de 2012, apenas pudo cumplir el 15 % de la deuda que había adquirido con un banco por veinte mil millones de pesos, equivalentes a seis millones de dólares.
Ese mismo día, la Superintendencia Financiera ordenó su intervención. El proceso culminó con la liquidación de Interbolsa y con severas sanciones a sus directores y administradores, entre ellas, la expulsión del mercado bursátil impuesta por el Autorregulador del Mercado de Valores. Valga destacar, que más de mil inversionistas resultaron defraudados.
La intervención del supervisor bancario en la crisis de Ueno Bank
En la Ley paraguaya 2.334 de 2003, el procedimiento de resolución de un banco culmina, indefectiblemente, con la cancelación de la autorización para operar en el sistema financiero. En este caso, le corresponde al Superintendente de Bancos, subalterno del presidente del Banco Central, llevar a cabo las siguientes acciones, dado que la entidad deja de recibir depósitos:
· nombrar interventores, quienes deben ocupar físicamente todos los locales de la entidad afectada;
· hacer cesar en sus funciones a los directores y administradores,
· realizar exclusivamente actos de conservación y los necesarios para llevar adelante la resolución.
Dentro de los actos de conservación consagrados en la ley paraguaya se encuentra la transferencia directa del mayor número posible de depósitos a una o varias entidades del sistema financiero que sean solventes y autorizar el pago inmediato de la garantía de depósitos a los depositantes privados.
En Colombia, la toma de posesión, según lo dispuesto en el Artículo 115 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, tiene por objeto determinar si es posible generarle condiciones para que desarrolle adecuadamente su objeto social y analizar si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones para que los depositantes, ahorradores e inversionistas puedan obtener el pago total o parcial de sus acreencias.
Si durante la intervención de la entidad se encuentra que no es posible restablecerla para que desarrolle regularmente su objeto social, se podrán adoptar las medidas necesarias para su liquidación.
El seguro de depósitos
La cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de Paraguay garantiza los depósitos por un máximo de setenta y cinco salarios mínimos mensuales, lo que equivale a doscientos veintiocho millones de guaraníes, unos ciento dieciocho millones de pesos colombianos (treinta y ocho mil dólares). Es importante aclarar que este dinero se otorga por depositante y por entidad, no por cada cuenta individual.
En Colombia, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) tiene establecida una cobertura máxima de hasta cincuenta millones de pesos, lo que equivale, aproximadamente, a quince mil dólares o a noventa y cinco mil guaraníes. Para el caso colombiano, si una persona tiene productos de ahorro en varias entidades y si éstas entran en liquidación al tiempo, en cada entidad cuenta con esta protección de hasta cincuenta millones de pesos.
Contar con un seguro de depósito no exime al cliente del deber de prestar atención a las actuaciones de los administradores y a las señales de alerta que se presenten en los movimientos de sus recursos en las entidades financieras. No quiere decir esto que la responsabilidad de administrar los riesgos financieros no sea exclusivamente de los administradores y supervisores de la entidad
En el próximo artículo se hará referencia a la responsabilidad penal de los administradores comparando la legislación paraguaya con la legislación penal colombiana.
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