Lavadores de activos podrán quedar en libertad tras seis años de prisión, según la Ley 2640
La nueva Ley 2640 del 4 de noviembre de 2026 contempla beneficios penales para integrantes de organizaciones terroristas y colaboradores de sus economías ilícitas. Entre sus disposiciones, establece que los lavadores de activos que cumplan determinados requisitos podrían recuperar su libertad después de seis años de prisión, una reducción significativa frente a las penas previstas para este delito en la legislación colombiana.
Aquellas organizaciones que operen bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio nacional colombiano un control que les permita realizar operaciones militares sostenidas y tengan la capacidad de cometer actos terroristas, en virtud de la Ley 2640 del 4 de noviembre de 2026 podrán manifestar su voluntad de sometimiento y desmantelamiento, presentando al Gobierno Nacional una lista de sus integrantes, y, en lo que interesa para el presente análisis, la información sobre sus bienes, economías ilícitas en las que participa y financiadores, “incluidas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que le hayan prestado colaboración y financiación”.
Según la ley colombiana, es terrorista quien provoca o mantiene en estado de zozobra o terror a la población, mediante actos que ponen en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas. De igual manera, es terrorista quien atenta contra los medios de comunicación, transporte o poliductos, valiéndose de instrumentos capaces de causar estragos.
Surtido el trámite judicial, este sometimiento y desmantelamiento les concederán a sus integrantes una rebaja del 50 % de la pena y a los lavadores de activos, que hayan colaborado con esas organizaciones terroristas, se les concederá la libertad después de cumplir tan solo seis años de prisión, siempre que hayan reparado los daños, pagado la multa y entregado “la totalidad de los bienes producto de las acciones ilícitas, incluyendo los bienes en cabeza de terceros, previa entrega de inventario verificado y aprobado por la Fiscalía, (y) aporten colaboración eficaz sobre la red de financiación, lavado de activos y testaferrato”.
En la medida en que el delito de lavado de activos tiene una pena mínima, sin agravantes, de diez (10) años de prisión y una pena máxima de treinta (30) años, la rebaja a solo seis (6) años de prisión es realmente una disminución considerable.
Además, si en su momento las decisiones judiciales conceden la disminución a tan solo seis (6) años de prisión a un lavador de activos que también cometió el delito de financiación del terrorismo, la rebaja a seis (6) años de prisión resultará aún más considerable, teniendo en cuenta que la financiación del terrorismo tiene una pena mínima de trece (13) años de prisión.
La ley advierte que si el lavador de activos al mismo tiempo ha tenido un rol de mando dentro de la organización terrorista “no se podrá aplicar el tratamiento de colaborador (…) y será tratado como integrante de acuerdo con su rol.”, lo cual significa que en su caso la rebaja punitiva será apenas del 30 %.
Téngase presente, como ya se ha señalado, que quien lava activos en beneficio de una organización terrorista también comete el delito de financiación del terrorismo. Si, además, desempeña un rol de mando dentro de dicha organización, comete el delito de concierto para delinquir agravado o el de rebelión, según el caso. En consecuencia, la rebaja del
30 % debe operar sobre la pena derivada del concurso de los tres delitos mencionados: lavado de activos, financiación del terrorismo y concierto para delinquir o rebelión, sin perjuicio del concurso con otros delitos, entre ellos, homicidio, desplazamiento forzado y el mismo terrorismo, por mencionar algunos.
Esta ley entrará en vigor el 4 de noviembre de 2030.
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